Comercios piden postergar cronograma de recambio de controladores fiscales
En abril comienza el reemplazo de los aparatos de vieja tecnología por los de nueva. Se trata de una medida de la AFIP del anterior Gobierno. Afirman que el costo en dólares es alto y la situación financiera de las empresas no es buena.
Luego de haber atravesado en 2020 una de las peores crisis de la historia por la fuerte caída de las ventas, los comerciantes arrancan el 2021 con preocupación. Sucede que en abril comienza el cronograma de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para la instalación de controladores fiscales de última generación, y los comercios que son casi todos pymes, dicen no tener los fondos para afrontar la innovación.
La semana pasada una delegación de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) encabezada por Mario Grinman, se entrevistó con Mercedes Marcó del Pont, a quien le pidió que postergue los plazos. Los empresarios entienden que bajo el actual escenario económico es muy oneroso para las empresas afrontar el cambio.
Ese cronograma de implementación de controladores fiscales elaborado por el exfuncionario de la administración macrista arranca en abril próximo. Los comercios tienen que reemplazar sus actuales controladores de vieja tecnología por los nuevos. Los que inician actividad, tienen que comprar directamente los más modernos. Los que tienen 11 o más controladores actualmente tienen que cambiarlos entre el 1 de abril y el 31 de mayo, los que tienen entre 2 y 10, entre el 1 de junio y el 31 de julio, y los que tienen uno entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.
Salvador Femenia, titular de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), explicó a Ámbito que “el problema para implementar los controladores nuevos es fundamentalmente económico”. El especialista señaló que su valor actual en el mercado es del orden de los u$s800 dólares. “Los comercios vienen de un año de mala facturación y además ya casi no existe más el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con lo cual es muy complicado poder afrontar ese costo”, señaló.
El directivo de CAME precisó además que una de las cámaras empresarias que es afiliada a la entidad es, justamente, la que se dedica a importar y comercializar los aparatos, e indicó que los empresarios de ese sector no pueden asegurar que actualmente haya una oferta que pueda satisfacer los requerimientos.
“Nosotros sabemos que por defecto solemos dejar decisiones para lo último”, reconoció Femenia, quien no obstante aclaró que “este es un caso especial”.
La norma de la AFIP, de octubre de 2018, también establece que los consumidores finales deberán ser obligatoriamente identificados cuando realicen una compra que sea igual o superior a $10.000, o cuando el monto de la misma sea igual o superior a $5.000 y el pago se haga en efectivo.
Fuente: Carlos Lamiral para https://www.ambito.com/