Para asegurar su cobro, se estableció una fórmula "antielusión", la cual pone bajo un manto de sospecha cualquier operación que reduzca la base imponible durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que se produjo el 18 de diciembre pasado, presumiendo su ilegalidad salvo prueba en contrario.
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