NO ES NECESARIO INICIAR UNA ACCIÓN DE REPETICIÓN

La Cámara resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto condenaba a la devolución de la suma pagada en concepto de solve et repete.

Para así resolver, la Cámara analizó los argumentos expuestos por el Fisco.

En primer lugar, rechazó el argumento del Fisco que consideraba que el hecho de que se haya cumplido con el pago previo sin cuestionar su constitucionalidad imposibilitaba, en esta instancia y por ese motivo, la devolución de las sumas obladas por dicho concepto.

La Cámara fundó su rechazo en que el cumplimiento del pago previo se realizó sin efectuar allanamiento ni reconocimiento alguno y que la propia autoridad reglamentó y reconoció el mismo, en tal concepto y con dicho alcance. En otras palabras, sostuvo que para poder cuestionar judicialmente una determinación de oficio, precisamente la normativa (art. 131, CF y art. 19, CCA) exige el pago previo de la obligación tributaria cuestionada. En consecuencia, no puede considerarse que dicho pago previo implica el allanamiento por parte del contribuyente a la pretensión fiscal sino que es, precisamente, un requisito de necesario cumplimiento para que dicha pretensión fiscal no quede firme.

En segundo lugar, la Cámara consideró que la devolución de las sumas satisfechas en concepto de solve et repete, es una consecuencia directa del decisorio consentido y firme adoptado por la misma Cámara al declarar la ilegitimidad de la determinación de oficio, agregando que es la consecuencia que mejor se compadece con los principios procesales de celeridad y economía jurisdiccional como elementos integrantes del debido proceso, derecho a una decisión justa, útil y eficaz y el respeto a la cosa juzgada formal y material.

De esta manera, se rechazaron los planteos del Fisco en cuanto a que la decisión del juzgado que lo intimaba a devolver las sumas ingresadas como solve et repete excedían las cuestiones sometidas al proceso por las partes y constituía, en consecuencia, una decisión supuestamente extra petita. En palabras de la propia Cámara, “en tanto condición inherente a la pretensión deducida, ventilada y reconocida en términos de cosa juzgada formal y material, no puede alegarse que se decidió algo distinto o más allá de lo pedido”.

También rechazó la pretensión del Fisco de considerar que esa decisión habría afectado su posibilidad de defenderse considerando que, sobre el fondo, la propia Cámara había rechazado su defensa y el propio Fisco había consentido esa decisión. En lo que respecta a la forma de proceder al “reintegro”, la Cámara entendió que el Fisco también tuvo oportunidad de defenderse al momento de sustanciar el pedido de reintegro por parte de Movicom en primera instancia y de recurrir la decisión recaída.

La Cámara recalcó que la idea en que se basa el reconocimiento de las garantías de acceso a la justicia, tutela judicial continua y efectiva, derecho de defensa, a un recurso rápido y efectivo y al debido proceso estatuidas en la Constitución, “exige reparar en la eliminación de los obstáculos formales que no sólo impidan dotar de eficiencia al proceso como reglas de discusión del servicio de administración de justicia, sino que puedan tornar ilusorios, dificultar o retardar injustificadamente los derechos en juego [arts. 11, 15, 20 y concs., CP; 14, 16, 18, 75, inc. 22) y concs., CN; XVIII y concs., Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 10, 17 y concs., Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 inc. 1), 25 y concs., Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y concs., Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; CIDH in re “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá” - 2/2/2001; “Cantos vs. Argentina” - 28/11/2002, entre otras]”.

Indicó que la tramitación de la acción de repetición se tornaría injustificada cuando: (i) la devolución encuentra sentido en una manda judicial que reconoce un derecho. Lo que objetiva y realmente se busca no es per se “la devolución de un tributo”, sino el cumplimiento de una sentencia judicial que declara nulo un acto, cuyo cuestionamiento supuso como condición de admisibilidad, la exigibilidad de dicho tributo; (ii) dicha restitución es una condición inherente a la misma; (iii) la postergación de la restitución exigiendo llevar adelante un nuevo proceso a tal fin, conlleva una dilación en sí misma irrazonable y lesiva; y, (iv) el sometimiento a un nuevo procedimiento administrativo, en las condiciones apuntadas, conculca directa e indirectamente el derecho de propiedad involucrado. Asimismo, consideró que resultaba carente de lógica iniciar una acción de repetición ante la propia ARBA para obtener la devolución de las sumas ingresadas en base a un acto administrativo declarado nulo.

También consideró que el modo de compatibilizar el pago previo como condición de acceso a la justicia, su razón instrumental y sustancial de ser, con el correlato de deberes en cabeza del Estado cuando una sentencia judicial declara la sinrazón de su posición y el derecho del justiciable, es procediendo a la devolución de lo abonado en tal carácter en esa misma instancia. Esto es así por cuanto:

(i) Las razones que justifican la demanda de repetición en los términos de los artículos 133, 134, 135, 136, 137, 141 y concordantes del Código Fiscal son disímiles al supuesto en tratamiento, donde una sentencia judicial declara un derecho, dejando sin fundamento el acto administrativo en el cual se fundaba la exigencia tributaria. En el caso, habiéndose cumplido con el pago previo, iniciar un procedimiento para proceder a la restitución de una suma a fin de constatar una serie de condiciones y requisitos innecesarios o ya acreditados, resulta carente de sentido.

(ii) El propio artículo 131 del Código Fiscal estatuye el pago previo como requisito para interponer una demanda contra la confirmación de la resolución determinativa en materia de gravámenes, lo que descarta de plano la necesidad de realizar un nuevo control para su restitución.

(iii) El supuesto en tratamiento desborda el ámbito reglamentariamente reconocido para la demanda de repetición, la cual procedería cuando el contribuyente considera que el pago fue efectuado en forma indebida o sin causa, siempre que el mismo se encuentre debidamente rendido a la Autoridad de Aplicación por las entidades bancarias u oficinas habilitadas encargadas de su percepción (art. 133 y concs., CF).

(iv) En el presente caso, en donde existe una decisión judicial que declara la nulidad de un acto y el alcance de un derecho, no es correcto lo afirmado por el Fisco en cuanto a que solo la Agencia de Recaudación es el organismo que se encuentra en condiciones para verificar la exactitud de los pagos ingresados al Fisco Provincial u otras circunstancias relacionadas, por cuanto no es necesario verificar la existencia del crédito (sobre el cual ya se discutió), su causa (inexistente) y el deber de restituirla.

Una mención aparte merece lo sostenido por la Cámara en cuanto a lo alegado por el Fisco respecto a la necesidad de verificar la inexistencia de deuda por parte de Movicom a fin de determinar la potencial necesidad de compensar los montos ingresados con dicha eventual deuda fiscal.

Al respecto consideró, en primer lugar, que el Fisco puede exigir el pago de esa eventual deuda por los medios establecidos (determinación de oficio, intimación, ejecución fiscal, etc.), compensar en ejercicios futuros o instrumentar las distintas prerrogativas sustanciales y procesales que detenta a ese fin. Aclaró que “lo que debe cuidarse en todo caso es que esas prerrogativas, como en el caso, no se tornen irrazonables en desmedro del justiciable y el propio servicio de justicia, evitando desviaciones perniciosas y permitiendo equilibrar e igualar armas”.

En relación con este último punto, la Cámara remarcó la contradicción en que incurre el Fisco al invocar en esta oportunidad la necesidad de compensar mientras que, cuando el contribuyente pretende hacer valer los saldos a favor para acreditar elsolve et repete, siendo deber de la administración hacerlo de oficio, lo omite, niega o pospone (arts. 102 y concs., CF).

Por todas estas razones es que se rechazó el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la decisión del juzgado de primera instancia en cuanto había intimado al Fisco a devolver las sumas ingresadas como condición de admisibilidad de la demanda contencioso-administrativa (art. 19, CCA).

VI - CONCLUSIONES

Lo resuelto por la Cámara de La Plata tiene relevancia por cuanto dispuso la devolución de las sumas que, luego de haberse declarado la nulidad del acto que determinaba de oficio las obligaciones fiscales de Movicom, resultaron indebidamente abonadas en cumplimiento del solve et repete (art. 19, CCA) aún para aquellos casos en donde el contribuyente no hubiera requerido en la misma demanda contencioso-administrativa la devolución de dichas sumas.

Ya la Cámara de La Plata se había expedido en la causa “HSBC Bank Argentina SA c/ARBA s/pretensión anulatoria - otros juicios” (sentencia del 13/9/2013) a favor de la procedencia de la repetición de las sumas indebidamente abonadas en concepto de tributo en un caso en donde se había admitido la demanda interpuesta por el contribuyente. No obstante, en este caso, la repetición había sido requerida por “HSBC Bank Argentina SA” en la demanda y, por lo tanto, en la propia sentencia que admitió la demanda, la Cámara le ordenó al Fisco devolver las sumas indebidamente ingresadas. En esta causa, la Cámara entendió que la devolución de las sumas ingresadas guardaba armonía con los efectos propios de la declaración de nulidad de la determinación de oficio (arts. 1047, 1052 y concs. CCyCo.).

La decisión de la Cámara es razonable porque exigirle al contribuyente que tuvo que cumplir con el requisito del pago previo para cuestionar una determinación de oficio, que luego de haber obtenido una sentencia favorable, inicie una demanda de repetición, resultaría violatorio del principio de celeridad y economía procesal.

Por otro lado y tal como lo afirma la Cámara, objetiva y realmente no se busca “la devolución de un tributo”, sino el cumplimiento de una sentencia judicial que declara nulo un acto (la resolución determinativa y el fallo del Tribunal Fiscal), cuyo cuestionamiento supuso como condición de admisibilidad, la exigibilidad de dicho tributo.

Fuente: Errepa.com